Sobre el Pacto Social de 1973

José Ber Gelbard ocupó la cartera de economía durante la Presidencia de Héctor J. Cámpora y durante la de Juan Perón, hasta poco tiempo después de su fallecimiento.

Gelbard, que fuera fundador y por entonces líder de la Confederación General Económica (CGE), fue el responsable del lanzamiento del proyecto programático del Gobierno de Perón. La herramienta clave de su política económica fue el “Pacto Social” auspiciado por el Estado, con la participación de la CGE y la CGT.

Los objetivos del acuerdo fueron alcanzar la conciliación de los intereses de las clases -postulada por la doctrina justicialista -, sino también revertir la inflación y promover la producción.

El capital y el trabajo concertaban así un proceso conjunto de carácter histórico que estableció que, a partir de un aumento de salarios del 40% absorbido por las utilidades de las empresas, los salarios se congelarían por dos años.  Al mismo tiempo,  quedarían estables los precios de los bienes y los servicios. Se constituyó una Comisión Nacional de Precios, Ingresos y Nivel de Vida, integrada por representantes de los trabajadores, los empresarios y el Estado, para realizar el seguimiento del pacto.

El programa se instituyó en  leyes fundamentales para la actividad industrial.

  • La ley 20.545/73, que estaba destinada a proteger la producción local de la competencia extranjera, no solamente para sustituir importaciones, sino para que pudiesen acceder en condiciones ventajosas a los mercados del exterior.
  • La ley 20.560/73, que instrumentaba facilidades impositivas para la promoción de nuevos proyectos industriales de “interés nacional”, que contribuyeran al desarrollo regional.
  • La ley de Inversiones Extranjeras (20.557/73), que vedaba a cualquier extranjero la adquisición de más del 50% de una empresa que operara en el país, y prohibía toda inversión en las áreas consideradas vitales para la seguridad nacional: siderurgia, aluminio, industria química, petróleo, servicios públicos, banca y seguros, agricultura, medios de comunicación masiva, publicidad, comercialización y pesca.

 

Por otra parte, restringió a 14% las remesas de utilidades al exterior. La empresa que enviara ese porcentaje máximo debía pagar hasta el 65% de sus utilidades en impuestos, en oposición a una tasa normal del 22%.

Las compañías extranjeras no podían deducir de su declaración de impuestos las regalías y otras cargas establecidas por sus casas matrices. Además del impuesto a las sociedades anónimas, debían pagar tributos equiparables a los de los accionistas locales de mayor nivel de ingresos.

Las medidas implementadas en la temática financiera siguieron el esquema del anterior período peronista.

Se nacionalizaron los depósitos bancarios y las decisiones crediticias pasaron a ser exclusivo resorte del Banco Central, que concedió líneas de crédito a los bancos locales con condiciones relacionadas a la finalidad del crédito y la región donde estuviera establecido el emprendimiento.

Se procedió también a la nacionalización de entidades bancarias que pertenecían a los grandes grupos financieros internacionales. El comercio exterior se extendió a países del bloque socialista: Cuba, Unión Soviética y Polonia. Las fábricas de automóviles estadounidenses establecidas en Argentina empezaron a exportar activamente a Cuba.

El otorgamiento de líneas de crédito de hasta diez años fue uno de los incentivos. Los intercambios con la Unión Soviética crecieron rápidamente. En pocos años, la URSS se convertiría en uno de los socios comerciales más importantes de la Argentina.

Se adoptó una reforma impositiva en consenso con las entidades profesionales, similares a las prácticas corrientes de los Estados Unidos o Gran Bretaña.

Para evitar que los productores retacearan sus ventas, el Estado recurrió a un impuesto a la producción potencial y a elevadas multas a los incumplidores.

Otra ley, llamada Ley de Abastecimiento, aplicada también a los industriales y comerciantes, apuntaba a impedir el atesoramiento y la especulación. De acuerdo con esta normativa, el Estado supervisaría las etapas del proceso económico.

El Pacto Social arrojó resultados positivos durante los primeros tiempos de aplicación. En los últimos meses de 1973, la inflación se redujo en dos tercios, el crecimiento económico casi se duplicó y prácticamente no hubo desempleo.

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